Eva, Tarek y Silva

Luis Alberto Romero

El caso de la diputada local Eva Cadena Sandoval, de Morena, se observa mucho más claro, en cuanto al desenlace probable, que el de los legisladores federales priistas Alberto Silva Ramos y Antonio Tarek Abdalá Saad, ex secretario de Desarrollo Social y ex vocero del gobierno veracruzano, el primero; y ex tesorero de la Secretaría de Finanzas durante la administración de Javier Duarte, el segundo.

De los tres, parece que únicamente a la de Las Choapas la abandonó su partido; porque la solicitud de juicio de procedencia contra Tarek Abdalá no registra avance alguno, en tanto que la petición de desafuero contra Silva Ramos no ha llegado a San Lázaro.

Ricardo Ramírez Nieto, diputado presidente de la Sección Instructora y secretario de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara Baja, dio a conocer que Eva Cadena todavía no comparece ante la Legislatura federal para responder por los señalamientos en su contra; este miércoles vence el plazo.

El caso de Eva Cadena es la crónica de un desafuero anunciado; en los órganos jurisdiccionales hay consenso y en su ex partido, Morena, no existe la mínima intención de cubrir el costo político que significaría esa defensa.

Por otro lado, las acusaciones contra Tarek Abdalá Saad no han prosperado; el expediente sigue detenido y en torno a ese asunto circulan versiones en el sentido de que el PRI estaría frenando el desafuero, al menos hasta que pase la jornada electoral del cuatro de junio próximo.

Para Alberto Silva, la captura de su antecesora en Comunicación Social, Gina Domínguez, significó una mala noticia, en virtud de que comparte acusaciones con la ex presidenta de la Fundación Colosio, hoy recluida en Pacho Viejo.

Sobre el asunto de Silva Ramos, se sabe que de un momento a otro la fiscalía veracruzana presentaría la solicitud de desafuero correspondiente.

La diferencia entre los tres –Eva, Tarek y Silva– radica básicamente en el respaldo de sus respectivos partidos; Cadena Sandoval está sola, no cuenta con asidero, en tanto que los priistas contarían, se dice, con vínculos políticos que podrían impedir que la solicitud de desafuero prospere, a pesar de que los señalamientos que se les imputan son mucho más graves que los que tiene encima la ex candidata a la alcaldía de Las Choapas.