Luis Alberto
Romero
Los problemas de
inseguridad, violencia y desempleo han generado en el sur de Veracruz un
ambiente de preocupación y tensión social que se refleja en la depresión de la
actividad económica.
El fenómeno de
la ola delictiva se suma a los despidos masivos en Petróleos Mexicanos, Pemex,
y en la industria petrolera en general. El comercio registra bajas ventas y de
la crisis económica y de seguridad nadie escapa en Coatzacoalcos, Minatitlán y
Nanchital.
La zona sur de
Veracruz enfrenta días turbulentos y convulsos: no hay empleo; por el
contrario, los despidos son comunes, frecuentes; por si fuera poco, la
inseguridad se refleja en las calles. En los hoteles del lugar recomiendan a
los huéspedes no salir por la noche debido a la creciente delincuencia.
Lo peor es que no
hay semana sin ejecuciones en esa zona; por otro lado, cada caso es peor que el
anterior y los niveles de violencia escalan cada vez más.
Platico con una
reportera que tiene su base de operación en Coatzacoalcos; explica que el
crimen perpetrado el pasado fin de semana contra los miembros de una familia,
cuatro niños incluidos, acentuó la percepción de que ese lugar es tierra de
nadie: “las calles están vacías; antes la gente salía, por ejemplo, a correr al
malecón el domingo; hoy ni eso… este fin de semana fue muy evidente el miedo
porque no encontrabas personas, ni temprano ni tarde; parece que el movimiento
habitual se detuvo…”.
No existe un
estado de excepción ni un toque de queda en Coatzacoalcos; sin embargo, los
pobladores y sobre todo los visitantes prefieren no salir en las noches por
miedo a ser víctimas de la delincuencia. Es como si se hubiera suspendido el
ejercicio de los derechos y las garantías de la población, como lo consigna el
Artículo 29 de la Constitución Política en los casos de “invasión, perturbación
grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave
peligro o conflicto”.
Como contexto,
recordamos que el pasado sábado 24 de junio una familia de seis personas fue
asesinada en dicho municipio del sur veracruzano; y aunque las autoridades
interpretaron el hecho como una venganza contra el jefe de esa familia tras el
homicidio de un líder criminal, lo cierto es que esa explicación del gobierno
no contribuyó a disminuir o apaciguar la preocupación de una sociedad lastimada
por los elevados índices delictivos.
A los habitantes
de esa región tampoco consuela el dato que indica que durante los últimos dos
años, 2015 y 2016, el índice que ejecuciones atribuidas a la delincuencia
organizada se disparó en 132 por ciento. Ese, finalmente, es un número frío
para ellos, una estadística más; la realidad es que los homicidios dolosos, los
secuestros y las extorsiones contra empresarios, comerciantes, trabajadores y
hasta jubilados son cada vez más frecuentes en un lugar donde las autoridades
–municipales, estatales y federales– simplemente no han podido con la
obligación de garantizar la seguridad pública.
Ese hecho
criminal, el asesinato de cuatro menores, nos dicen, fue la gota que derramó el
vaso en el tema de la inseguridad en Coatzacoalcos, donde los problemas de los
despidos y la crisis de la industria petrolera ya tenían en jaque a los
empresarios, comerciantes y profesionistas.
Si a esos problemas
sociales –delincuencia, violencia y desempleo– se suma el hecho de que en
Coatzacoalcos la pobreza alcanza a más del 34.6 por ciento de la población; en
Minatitlán, al 41.8; y en Nanchital, a casi el 35 por ciento, el resultado es
un coctel dramático y lamentable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario